Instan al gobierno a dar pronto cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de DDHH que condenó a Chile por negar acceso a la salud de adulto mayor

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, llamó además a “implementar cuanto antes las medidas por la Corte indicadas, que incluyen una política general de protección integral de nuestros adultos mayores”.

Este jueves se notificó al Estado de Chile la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en el caso de la muerte de un adulto mayor de 76 años, en el Hospital Sótero del Río el año 2001, por vulnerar sus derechos a la salud, a la vida e integridad personal, entre otras afectaciones graves.

Según explicó, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, “Jurídicamente el fallo es relevante porque es el primer fallo en que la Corte Interamericana reconoce el derecho a la salud de manera autónoma, vale decir,  que se afecta directamente, y no como consecuencia de otros, y además porque hace un reconocimiento de la obligación de los Estados de generar medidas de prevención positivas para el adulto mayor dada su situación de vulnerabilidad”.

“Como Regionalistas enarbolamos hace un rato las banderas del respeto y los derechos que se merecen nuestros adultos mayores, y así como en los últimos años hemos avanzado en educación, ahora es el momento de atender otras necesidades, como mejorar considerablemente las pensiones, rebajar el pasaje del transporte público, pero por sobre todo dar mayor y mejor acceso a la salud a nuestros Adultos Mayores, y en ese sentido valoramos este fallo que sienta un precedente de cómo el Estado debe hacerse cargo de sus ancianos y debe hacerlo cuanto antes”.

En este sentido, el parlamentario y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la autoridad “a dar pronto cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto celeridad a la implementación de las medidas indicadas, como son los programas de educación en derechos humanos, informar sobre avances hospitalarios, fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría, publicar los derechos de las personas mayores en materia de salud, y una política general de protección integral de nuestros adultos mayores”.

“Este dictamen establece un hito, pues marca no sólo un precedente para nuestro país, sino que derechamente abre una jurisprudencia amenazante para el Estado chileno, toda vez que la precaria situación de los adultos mayores y las débiles acciones de salud que se realizan a favor de ellos, no están siendo suficientes, lo que podría llevar a multiplicar las demandas por esta causa”.

Finalmente, Mulet recordó que el Congreso aprobó recién en Diciembre la Convención Internacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores, la cual ya está en vigencia en nuestro país, “por lo que situaciones como estas deberían alentar a toda la institucionalidad a responder ante estas vulneraciones”.

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