“Creemos que esté tema ha superado las capacidades locales y regionales. Y desde el nivel nacional se tiene que generar un equipo que permita resolver el problema de fondo, mientras se garantiza de la misma manera el derecho a la educación de niños y niñas”.
Esperando que el gobierno cumpla su palabra a la brevedad, la senadora Yasna Provoste junto con el alcalde de Copiapó y parlamentarios de Atacama, valoraron que el ministro del Interior haya instruido al subsecretario de Obras Pública y a la ministra de Educación acciones inmediatas para enfrentar el impacto de las graves emanaciones de gases peligrosos en la región de Atacama.
“Porque Atacama está primero estamos todos los parlamentarios de la región con el alcalde de Copiapó Marcos López, para buscar una solución a un problema que se viene desde el año 2017 y que se ha agudizado el 2018. Durante este año ya hemos tenido varios episodios de niños y niñas que han tenido que dejar sus estudios en varios establecimientos educacionales con desmayos propios de las emanaciones de gases peligrosos”, relató la senadora DC.
Además, Provoste comentó que “la propia Corte de Apelaciones ha declarado el cierre temporal de estos centros educacionales. Y me refiero al Liceo El Palomar, la escuela Las Brisas y Jesús Fernández”.
“Para nosotros está es una situación que reiteró se ha venido profundizando el año 2018 y lo que va corrido del año 2019. Y creemos que es muy importante resguardar el derecho a la salud de nuestros estudiantes, de los trabajadores de la educación y de los vecinos. Y también resguardar el derecho a la educación. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al gobierno son medidas muy concretas en este sentido”, afirmó la legisladora.
La parlamentaria indicó que “primero, se debe garantizar el derecho a la educación y a la salud, porque el año pasado niños y niñas de estos establecimientos, que además tienen índices de vulnerabilidad altos, no recibieron el currículum completo. Es decir, hay desigualdad de origen y hay desigualdades en la forma como se abordan situaciones como las que vive Copiapó”.
“Todavía estamos esperando una respuesta formal. Porque el día viernes 8 de marzo la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios envió las alertas a través de los medios que corresponden a la seremía de Salud, a la seremía de Educación, a la ONEMI y a bomberos, dando a conocer la presencia de gases que con ciertos componentes eran explosivos. Viernes 8 de marzo. Y todavía estoy esperando a través de una solicitud formal que hecho a la ministra de Educación, para que nos diga cuáles son las acciones que hizo su secretaria ministerial en Atacama. Por qué las clases siguieron el día lunes siguiente y nunca se informó a las familias. Nunca se les informó a esas comunidades educativas. Sino que más bien fue hasta que se presentó un recurso del INDH que el día miércoles de esa semana. Que se procedió al cierre de los establecimientos educacionales. Creo que con esto queda claro que el actuar de las autoridades de la región ha sido negligente”, concluyó.
Reunión con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS):
Posterior a la reunión sostenida con el ministerio del Interior, Andrés Chadwick, la senadora Provoste se dirigió a la SISS donde solicitó una “auditoría profunda e independiente que de garantías de la infraestructura de los recolectores de aguas servidas de los alcantarillados de la empresa sanitaria Aguas Chañar, convocando otras miradas de diferentes expertos con el fin de garantizar la institucionalidad”
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